Mucho se está hablando, de hecho desde inicios de este año, acerca de la liberalización de la autopista AP7. A partir de las declaraciones de José Luis Abalos, el actual ministro de fomento, socialista, en las que anunció que no se prorrogaba la concesión de dicha autopista, se ve que ahora todo el mundo se apunta al carro de la autoría de dicha liberalización. Y es que el peaje nos ha acompañado durante muuuchos años. Recordando algunos hechos, decir que la autopista (nombre que le damos los usuarios locales) es un eje de comunicación que une Algeciras a la frontera francesa con La Jonquera. Forma parte de la Red de Carreteras Europeas y el primer tramo se inauguró en 1969. La razón de su construcción: en pleno desarrollismo de los años 60, desde distintos países europeos se “recomendó” como prioritario el construir un corredor en el Mediterráneo. Como no había dinero para dicha construcción, se recurrió a un programa de concesiones a empresas constructoras para la ejecución por tramos de dicha autopista. A partir de ahí, las concesiones se convierten en peajes, con la recaudación se paga la concesión y el mantenimiento y, como siempre, algo queda de beneficio empresarial, y ello a pesar de que el Estado ha tenido que pagar por garantizar la financiación de las concesionarias (ya se vendió en su época que el Estado ganaba dinero).
El tiempo transcurre y el modelo de Estado (afortunadamente) cambia. Los gobiernos socialistas de Felipe González lanzan la construcción de autovías para incrementar la red de carreteras, y la sociedad al mismo tiempo avanza: el incremento del número de automóviles provoca la saturación de numerosas carreteras, como la N-340, con lo cual, a pesar de sucesivas campañas de prevención, se incrementan los accidentes. Aquí somos tristes conocedores, pues en nuestro término han existido “puntos negros” y consecuentemente la movilización de grupos vecinales que históricamente han reclamado una nueva N-340 y la liberalización de la autopista AP7.
El tramo que nos corresponde, pues atraviesa nuestro término, es el de Tarragona-Valencia. La concesión es de Abertis (antes conocida como AUMAR) y la fecha de fin de concesión, tras sucesivas prorrogas, es el 31 de diciembre de 2019.
Al fin se cumple lo que parecía un sueño, la liberalización. De hecho el 2 de agosto de este año se ha aprobado la licitación de los contratos de conservación y explotación de la que será autovía.
Y es aquí donde se centra el nuevo debate: ¿Quién ha de pagar por su conservación y mantenimiento? Lo que está claro es que una vieja reivindicación se hará realidad: se dejará de pagar un peaje a una concesionaria por una obra mucho más que pagada y compensada. Parte del tráfico se podrá incorporar a la A7, se construirán nuevos accesos, y esperamos y deseamos que desciendan los accidentes de tráfico en nuestras carreteras, objetivo básico para nuestra población. Los socialistas lo tenemos muy claro: la vida humana vale más que un puñado de euros, sobre todo si la causa de la muerte es un accidente evitable con medidas preventivas.
Fernando Juan (PSPV-PSOE Vinaròs)