El 6 de febrero hemos conmemorado el Día Internacional de la Tolerancia Cero contra la Mutilación genital femenina, que está definida por la OMS como “todos los procedimientos que de forma intencional y por motivos no médicos, alteran o lesionan los órganos genitales femeninos”. Una treintena de países de África concentran la mayor incidencia de esta violencia contra las mujeres, aunque también se registra en otras partes del mundo. Organismos internacionales estiman que 200 millones de mujeres y niñas en el mundo han pasado por esta violencia. Cada año, hay 3 millones de niñas en riesgo de ser mutiladas.
En 1992 la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) incorporó el término “mutilación genital como parte de un conjunto de prácticas perpetuadas por la cultura y la tradición que son perjudiciales para la salud de las mujeres y las niñas” y al año siguiente, la Asamblea General de Naciones Unidas incluyó la MGF en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En el año 2016, la Asamblea General de la ONU aprobaba la Resolución 71/168, “Intensificación de los esfuerzos mundiales para la eliminación de la MGF”, donde se insta a los Estados a condenar todas las prácticas nocivas que afecten a las mujeres y las niñas, y en particular la mutilación genital femenina. Así como insta a los Estados a adoptar medidas eficaces y dirigidas específicamente a las refugiadas, las migrantes y sus comunidades, con el fin de proteger a las niñas, incluso cuando esta práctica tenga lugar fuera del país de residencia.
La agenda 2030 en su objetivo 5 recoge la meta de “eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la Mutilación Genital Femenina”. España ha incorporado importantes avances en la defensa de los derechos de las personas menores de edad, así como en su protección frente a la violencia. Recientemente, la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, impulsada por el Gobierno de España ha incluido de manera explícita la MGF como una manifestación de dicha violencia, que exige especial protección de las personas menores de edad por parte de las Administraciones Públicas. También, el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género recoge medidas referidas a la Mutilación Genital Femenina y su consideración como violencia contra las mujeres, igual que otras formas de violencia, tal como contempla el Convenio de Estambul. El Código penal en su artículo 149.2 recoge la mutilación genital femenina como constitutiva de delito de lesiones, incorporando medidas penales a quienes la realizan o facilitan. En el compromiso de promoción de la igualdad de las mujeres en el ámbito internacional, España apoya programas encaminados a acelerar los cambios, sociales y legales que pongan fin a esta práctica que pone en riesgo la vida y la salud de millones de niñas y mujeres en el mundo.
Desde el PSOE nos comprometemos a trabajar para acabar con esta grave vulneración de derechos humanos que supone un grave ataque a la integridad de las mujeres y niñas, a su salud física y psíquica, y a su libertad. Para ello consideramos necesario reforzar los Servicios Sociales en la detección precoz, valoración e intervención frente a la MGF, tal y como la Ley de Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Para proteger a las niñas en riesgo en nuestro país, el PSOE apuesta por la ampliación de los programas de sensibilización y prevención contra la MGF, orientados a la comunidad migrante o con vínculos en países donde se practica, trabajando con y desde las organizaciones migrantes para implicar a las madres y padres.
Amalia Cabos Barreda
Secretaria de Bienestar social e igualdad. Executiva local Vinaròs PSPV-PSOE